Recientemente, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera en contra del proyecto de sentencia de despenalización de la interrupción del embarazo en Veracruz, el tema del aborto ha recobrado su popularidad en las conversaciones de los mexicanos. Al tratarse de un tema altamente controversial, puesto que toca fibras muy delicadas de la sociedad, existen diversos argumentos a favor y en contra de la despenalización de esta práctica. Como enfoque principal de este debate, se argumenta que el aborto no va a desaparecer si no se legaliza, sino que la criminalización de esta práctica pone en alto riesgo la vida de la mujer embarazada. Ahora bien, un factor en común que comparten aquellos que participan en foros públicos a nivel nacional, sin importar su postura, es que la mayoría pertenece a una esfera de privilegio social, político y económico. De esta forma, el sector más vulnerable de México sigue sin ser tomado en cuenta dentro de esta discusión; las mujeres indígenas no tienen voz ni voto, aun cuando son ellas las que resultan más afectadas por esta práctica clandestina, pues al no tener una alternativa legal, recurren a la medicina tradicional para practicarse este procedimiento. Ello pone en grave riesgo su vida debido a la evidente carencia de hospitales en sus comunidades y la falta de atención médica en casos de complicaciones post-aborto clandestino.
En diversas ocasiones, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) han buscado visibilizar las barreras que impiden que los pueblos indígenas tengan acceso a los servicios de salud de calidad y bienestar, respetando sus creencias y prácticas culturales; de esta forma, han alentado a los gobiernos latinoamericanos a enfrentar y superar esta crisis de desigualdad. No obstante, es inminente recalcar que este objetivo aún no se logra y está muy lejos de alcanzarse, pues son los pueblos indígenas los más olvidados en cuanto a políticas públicas y de salud. (Esto está estrechamente ligado a aspectos territoriales, de segregación, estigma y falta de entendimiento social y cultural hacia estos grupos). Así pues, reforzando esta marginación social, el gobierno mexicano ha decidido únicamente legalizar el aborto, sin importar las causales, en la Ciudad de México y Oaxaca, lo que vulnera aún más el derecho de acceso a la salud de todas aquellas comunidades que están imposibilitadas de trasladarse a estas ciudades para practicarse un aborto legal; por lo que recurren a abortos clandestinos e inseguros al preferir interrumpir su embarazo debido al rezago social y económico en el que coexisten, lo que impacta de manera negativa en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, muchos de sus derechos se ven violados al no ser incluidas en la conversación “aborto sí – aborto no”.
En otras palabras, las poblaciones marginadas del país no tienen acceso a un aborto que cuide de su salud, mientras la sociedad privilegiada de México sí cuenta con este derecho. Es menos probable que una mujer privilegiada en México pierda la vida a causa de un aborto. Si bien sigue siendo complicado trasladarse a una clínica en otro estado que si lo practique, tiene los medios necesarios para lograrlo. Caso contrario, una mujer indígena y marginada no tiene acceso ni los medios necesarios para trasladarse a cualquier otra entidad, incluso dentro de su mismo estado, para practicarse un aborto inducido. Y por más que existan diferentes alternativas como Fondo María (las cuales hacen una labor heroica) o Women On Waves, sus recursos son limitados. Es más, en algunas ocasiones, ni siquiera tienen conocimiento de que existe la posibilidad de interrumpir el embarazo. Esto, favorece a la perpetuación de ideas de supremacía blanca y elitista dentro de la sociedad mexicana, aun cuando es bien sabido que México es un país mestizo.
En este sentido, es relevante también considerar que en las comunidades indígenas de México la educación sexual es nula, las relaciones sexuales muchas veces se practican en contra de la voluntad de la mujer, y que, el uso de métodos anticonceptivos de manera voluntaria, en ocasiones, no está permitido. Además, si a esto le sumamos la violencia sexual normalizada que ya sufren las mujeres, da como resultado un sinfín de embarazos no deseados y una gran vulneración a sus derechos humanos.
Por si esto fuera poco, la plataforma digital ‘AJ + Español’ reveló en 2018, a través de un video en redes, que más de treinta mujeres indígenas del estado de Guerrero fueron violentadas al serles implantado el método anticonceptivo intrauterino ‘DIU’ de manera forzada, silenciosa y sin su consentimiento. La mayoría de ellas no saben en qué momento les fue colocado el dispositivo, aunque suponen les fue introducido cuando acudieron al centro de salud más cercano a dar a luz, pues para poder ser ingresadas al mismo, les hacían firmar un papel en el que sospechan venía estipulado que se les aplicaría dicho anticonceptivo; aunque no pueden confirmarlo porque la mayoría no sabe leer y, además, estaban gravemente adoloridas al momento de firmar (dado que ya habían empezado labor de parto).
“No me dijeron nada, nada más me dieron la hoja y me dice “me tienes que firmar aquí” y yo como tenía el dolor bien fuerte y no sabía ni para donde, yo agarré la hoja y firmé, como siempre firmamos cualquier hoja del registro del hospital. Cuando me iban a dar de alta, me dieron la hoja, llegó una enfermera y me dijo que me viniera a revisar a los 40 días, acá en el centro de salud, que porqué tenía el dispositivo” (Silvia Camacho, 2017).
De la misma forma, algunas mujeres indígenas denunciaron que en los programas de inclusión social de grupos vulnerables tales como PROSPERA, les es condicionado el apoyo económico a cambio de realizar una “planificación familiar” y permitir que se les implante el DIU. Si no aceptan o no permiten que se les esterilice, les retiran el apoyo. Todo esto se realiza bajo la idea discriminatoria de que los indígenas tienen muchos hijxs y que, si los pobres dejan de reproducirse, los niveles de pobreza en México disminuirán. Lo que expone la idea social y gubernamental en la que se justifica que hay personas que no deberían tener derecho a reproducirse.
Con todo lo anteriormente estipulado, es evidente que las más de seis millones de indígenas mexicanas no tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo. Este grupo vulnerable sufre de violencia obstétrica, de abuso de autoridad, de discriminación racial y económica, y además, es víctima de prácticas genocidas disfrazadas de ‘control poblacional’. Es más, esto rectifica la teoría de que el cuerpo de las mujeres “más problemáticas” para el gobierno (por ser pobres, indígenas y marginadas) es percibido como objeto de política pública.
“Nosotras las mujeres no es que no estemos conscientes, si estamos conscientes. Nosotras pensamos, nosotras traemos un plan de vida. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nosotras somos dueñas de este cuerpo que traemos, y nadie más debe usar o hacer con nosotras lo que nos lastime.” (Testigo anónimo de ‘Mexicanas que no sabían que llevaban un DIU’ de AJ + Español, 2018.)
por Gabriela Fernanda Maldonado Ortega
IG @gabymaldonadort
TW @gabymaldonadort
AJ + Español. (2017, Agosto). Mexicanas que no sabían que llevaban un DIU.
